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miércoles, 19 de marzo de 2014

La Plataforma asegura que Alcázar seguira protestando contra la privatizacion del agua

Fuente: Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar 
La Subdelegación del Gobierno pone trabas a la celebración de la consulta ciudadana.  
Castilla La Mancha ha retrocedido 50 años en derechos y libertades.

Lo primero que queremos resaltar es por qué Alcázar de San Juan protesta, se manifiesta y reivindica, sencilla y llanamente es para evitar que algunos se enriquezcan desmesuradamente con nuestra factura del Agua.  A la compañía que se quede con la sociedad municipal y la concesión durante 25 años de todo el ciclo hidráulico, se le devolverá hasta el último céntimo y además obtendrá unas ganancias y beneficios directos estimados de 24 millones de Euros. Por nada. Y todo ello lo pagaremos con nuestra factura del agua. A la compañía que se ha adjudicado esto es Aqualia,  filial de FCC, y quien lo ha hecho ha sido el equipo de Gobierno, formado por una coalición entre PP y los concejales de Ciutadans UCIN (antes CxA).

Por esto protestamos, contra esto nos movilizamos pacíficamente, recogemos firmas, promocionamos una iniciativa popular, nos concentramos, manifestamos y realizamos actividades divulgativas. 

No pretendemos que se imponga nuestra opinión, sólo queremos que se pregunte al pueblo, único propietario del Agua, que se expliquen las razones, y que el pueblo soberano de Alcázar decida.  Hemos pedido referéndum y consulta popular a nuestras autoridades competentes y se nos ha denegado.  Hemos presentado 11.000 firmas, y las han despreciado; 11.000 firmas en una localidad donde en las últimas elecciones locales votaron 17.000 personas, pero han preferido tirarlas a la papelera. Hemos convocado manifestaciones contra la privatización, y ha habido  afluencia masiva a todas ellas, sólo superadas en Alcázar de San Juan por las convocadas contra los atentados de Miguel Ángel Blanco y el 11-M, y por supuesto, ninguneadas por nuestros gobernantes.

Dicho lo que queremos, vamos a decir lo que no pretendemos, y no pretendemos independizarnos de nadie, ni revolucionar el Estado, ni su forma, ni cambiar la Constitución y ni las Leyes, solo pretendemos poder ejercitar el único y último derecho que nos queda como ciudadanos, que no es otro poder expresar libremente nuestra oposición a que otros se hagan ricos a costa de nuestro esfuerzo y de nuestras facturas del agua.  Nos queda sólo eso, la reivindicación y la protesta.

Nosotros no pretendemos hacer un referéndum, ni una consulta popular, que solo es potestad del alcalde, ni somos autoridad ni cargo público, nosotros sólo queremos hacer un acto simbólico, testimonial y reivindicativo, dejar claro nuestra protesta, y ejercer la libertad de expresión. No es por tanto un referéndum, no es por tanto una consulta popular, es una consulta social, un preguntar a los vecinos, al igual que se ha hecho en Madrid con el Canal de Isabel II y con la Sanidad, o como se ha hecho con la educación en todo el Estado. ¿Por qué ellos si pueden y nosotros no?

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, como no puede prohibir nuestros actos, porque son legales, se ha inventado una nueva fórmula, la de declarar “Improcedente tramitar la comunicación”, como si los ciudadanos tuviéramos a partir de ahora tener que pedir permiso a las autoridades para podernos manifestar, y para poder reunirnos.  Este es el siguiente paso, inventarse una autorización previa para el derecho de reunión, y esto, hasta la fecha, lo prohíbe la misma Constitución que deberían defender. Hemos solicitado aclaración a la Subdelegación del Gobierno, que nos aclare si prohíbe o no nuestro derecho de reunión.  Y si cree que tiene motivos, que lo prohíba, y si no, que nos deje reunirnos para ejercer nuestros derechos fundamentales.  El uso del derecho y de la policía que está a su mando ha de estar sometido al estado de Derecho, no a los intereses políticos del momento, y su uso no debería ser arbitrario. No debe enviar a la Policía contra sus ciudadanos sin una base legal, y sabe que no la tiene, puesto que nada ilegal ni delictivo estamos haciendo, sino todo lo contrario, cumplimos escrupulosamente la ley.

La Asamblea de la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar decidirá las acciones a realizar y la continuidad de nuestro acto simbólico, testimonial  y de protesta que teníamos preparado, y si se decide continuar con el mismo, lo realizaremos siempre dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pacíficamente, y llamando a todos a la mantener en todo momento la serenidad y la calma, obedeciendo en todo momento a las autoridades y sus agentes, y a conformar nuestra conducta a lo que disponen las leyes, que han de ser siempre cumplidas. Ninguna reivindicación ha de hacerse pasando por encima del Derecho, pero tampoco se ha de limitar torciendo ese mismo Derecho.

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